Una cuarta persona fue arrestada este martes en Venezuela, acusado por un supuesto plan para asesinar a Nicolás Maduro. La nueva detención se conoció después que expertos de la ONU denunciaron una “intensificación del aparato represivo” en el país y violaciones a los derechos humanos que incluyen “crímenes de lesa humanidad”.
El nuevo arresto se suma a otros anunciados el sábado por el ministro del Interior, el poderoso Diosdado Cabello, en medio de la crisis surgida tras las elecciones del 28 de julio, que la oposición denuncia como un fraude y que Estados Unidos, la Unión Europa y varios países de América Latina desconocen.
El cuarto detenido es un estadounidense que “fue capturado en Caracas tomando fotos de instalaciones eléctricas, petroleras, unidades militares”, informó Cabello en una comparecencia ante el Parlamento, sin identificarlo. “Tengan la certeza de que este caballero forma parte del plan contra Venezuela (…): asesinar al presidente Nicolás Maduro, a (la vicepresidenta) Delcy Rodríguez, a mi persona”.
Quiénes son los extranjeros detenidos en Venezuela
Dos españoles y un checo también están presos en la misma causa. Las autoridades reportaron la incautación de 400 armas de guerra.
No está claro el sitio de reclusión, los cargos que se le imputan o si fueron presentados ante un juez. Sus países pidieron a Venezuela mayor “información”.
“Están preguntando dónde está su gente, qué maldad le estamos haciendo a su gente, nosotros respetamos los derechos humanos y estamos resguardados por las autoridades de Venezuela en lugar seguro”, respondió Cabello.
Los tres estadounidenses previamente detenidos habían sido identificados como Wilbert Castañeda -militar activo-, David Estrella y Aaron Barren Logan. Los españoles son José María Basoa y Andrés Martínez Adasme; y el checo, Jan Darmovrzal.
Cabello dijo que Castañeda era “el jefe” del complot.
No es la primera vez que extranjeros son detenidos en Venezuela acusados de conspiraciones
Esta no es la primera vez que se anuncia el arresto de ciudadanos extranjeros acusados de planear complots contra el gobierno chavista.
Los estadounidenses Luke Denman y Airan Berry fueron condenados a 20 años de cárcel por la llamada “Operación Gedeón”, un plan denunciado en 2020 por Caracas para invadir Venezuela, que terminó con ocho “mercenarios” muertos. Ambos fueron excarcelados en diciembre pasado en un intercambio de prisioneros que llevó a la liberación del empresario colombiano Alex Saab, contratista estatal acusado de ser “testaferro” de Maduro.
El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, sostuvo el martes una conversación telefónica con su par de Venezuela, Yván Gil, y le comunicó que su gobierno “va a ejercer” protección diplomática y consultar de los españoles arrestados. Gil, por su parte, insistió en que los detenidos forman parte de la agencia de inteligencia española (CNI), lo que Madrid niega.
“Deseamos que el gobierno español rectifique inmediatamente” y “condene el terrorismo sin ambigüedades”, expresó.
España no ha reconocido la victoria de Maduro, pero tampoco la del candidato opositor Edmundo González Urrutia.
La ONU denuncia crímenes de lesa humanidad
En tanto, un informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en septiembre de 2019, sostuvo este martes que la respuesta de las autoridades a manifestaciones poselectorales representó “un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho”.
El documento, que examina la situación entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024 con centenares de entrevistas y documentos, reveló violaciones de derechos humanos -incluidos crímenes de lesa humanidad-, que considera parte de un “plan coordinado” para “silenciar” a la oposición.
“No son actos aislados o aleatorios”, subraya el organismo, que destaca que la “brutalidad de la represión” generó un “clima de miedo generalizado”.
Tras la proclamación de Maduro, se estallaron protestas que dejaron 27 muertos y unas 2400 personas detenidas.
“Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la misión.
(Con AFP)