Un juez de Tucumán se declaró competente para analizar un planteo contra las retenciones

El juez federal de Tucumán, Fernando Poviña, se declaró competente para analizar un planteo sobre la inconstitucionalidad de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, que días atrás fue presentado por la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor).

La entidad rural busca una “declaración de certeza”, ya que considera que las actuales alícuotas quedaron sin validez tras vencerse, el pasado 31 de diciembre, las facultades delegadas al Ejecutivo para fijarlas, que le otorgaba la Ley de Solidaridad sancionada durante 2019.

Vale aclarar que, al ser rechazado el Presupuesto 2022, ese plazo no fue renovado y los dirigentes agropecuarios entienden que solamente el Congreso puede legislar en esa materia.

Si bien todavía falta que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, el magistrado dio el primer paso que necesitaba Apronor para avanzar con esta demanda, y dio así por iniciado el “juicio en contra de AFIP-DGI”.

Así, Poviña, a cargo del Juzgado Federal N° 2, se diferenció de su colega de Río Cuarto, Carlos Ochoa, quien rechazó una presentación de la Sociedad Rural de esa localidad cordobesa, argumentando que el planteo debía hacerse de modo individual, por cada productor, y no de forma colectiva.

De hecho, el vicepresidente de Apronor, Roberto Palomo, destacó públicamente que es el primer juez que acepta tratar este reclamo, sin cuestionar la “legitimación activa” de Apronor para representar a un grupo de productores.

Un juez de Tucumán se declaró competente para analizar un planteo contra las retenciones

“La Justicia Federal dictó el primer decreto, ante la presentación que realizó Apronor, sobre la inconstitucionalidad de las retenciones a los cereales, al encontrarse vencida y sin efecto la Ley de Solidaridad N° 27.541, dando lugar a la acción y solicitando la respuesta de AFIP en el lapso de 5 días. Celebramos esta buena noticia ya que nuestro pedido no fue rechazado por improcedente”, detalló la entidad agropecuaria.

Por último, cabe recordar que también está a la espera de resolución una demanda presentada a fines de febrero por la Sociedad Rural Argentina (SRA), junto a la de Jesús María, en los tribunales federales de Córdoba, donde se desempeña el juez Ricardo Bustos Fierro.

“Presentamos este recurso de amparo porque las retenciones son inconstitucionales, ya que para que un tributo exista tiene que haber una ley que lo avale”, dijo Nicolás Pino, líder de la entidad centenaria.

En ese momento, desde la gremial señalaron que otros miembros de la mesa de enlace, como Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Coninagro, no pueden hacer formalmente un reclamo de este tipo, porque son entidades de segundo grado. Aunque aclararon que cuentan con el apoyo institucional de las otras 3 gremiales de la mesa (también integrada por la Federación Agraria) para impulsar este amparo. “No todas tienen la capacidad, técnicamente, de poder presentarse”, explicó Pino.

En tanto, los dirigentes seguirán realizando reuniones con legisladores y gobernadores, en rechazo a los derechos de exportación (DEX), que a mediados de marzo se incrementaron del 31% al 33% para los derivados de la soja, desatando diferentes asambleas y protestas de productores autoconvocados en todo el país. .

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